Viva la libertad… Nuevo gobierno argentino anuncia plan para reprimir y castigar manifestaciones y protestas

El vocero presidencial del Gobierno argentino encabezado por Javier Milei, Manuel Adorni, reveló en conferencia de prensa la implementación de medidas más rigurosas en respuesta a la protesta social.

Adorni advirtió sobre «sanciones severas para aquellos que obstaculicen la libre circulación de los ciudadanos», dirigidas a quienes participen en bloqueos, interrupciones del transporte, así como a aquellos involucrados en la organización y financiamiento de protestas.

Esta declaración sigue la promesa de campaña del presidente Milei de poner fin a los bloqueos en las calles.

Bullrich, ex candidata presidencial y alineada con la postura de «orden» de Milei, respaldó este compromiso, reflejando las premisas de los partidos de derecha y ultraderecha que representan.

Posteriormente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, amplió los detalles del llamado «protocolo para el mantenimiento del orden público», orientado a impedir las manifestaciones mediante el uso de la fuerza pública. Esto implica la intervención de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), además del Servicio Penitenciario.

“Las calles no se toman. Vamos a ordenar el país para que la gente viva en paz”, afirmó en rueda de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Entre las medidas propuestas en el «protocolo para el mantenimiento del orden público», se incluye la vigilancia preventiva para evitar que los grupos se congreguen. «En estaciones de tren, se confiscarán materiales (incluyendo carteles o comunicados) a las personas, al igual que palos u otros instrumentos. Además, no se permitirá el uso de caras tapadas ni formas de vestimenta que impidan la identificación de individuos».

En caso de participación de niños y adolescentes en las movilizaciones, se intervendrán los organismos competentes, como el Ministerio de Capital Humano, y se sancionará a los tutores o acompañantes adultos.

Asimismo, se anunció que el Estado no cubrirá los costos de la fuerza empleada; serán los propios manifestantes quienes financiarán a sus represores. «Por todos los costos relacionados con los operativos de seguridad, se enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables».

Además, se establecerá un registro de las organizaciones involucradas en este tipo de eventos y se identificará «sistemáticamente» a los voceros.

En esta línea, Bullrich aseguró que «se identificarán a los autores, cómplices e instigadores de estos delitos, así como a los vehículos y conductores utilizados, y se incautarán los vehículos que no cumplan con las normas de tránsito o cuyos conductores carezcan de la debida documentación».

Es importante destacar que este mes se cumplen 22 años de las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, y la represión que dejó casi medio centenar de muertos a manos de la policía. Bullrich también fue funcionaria durante ese gobierno. En este contexto, organizaciones sociales han convocado a movilizaciones para el 20 de diciembre, conmemorando el aniversario de las violentas protestas de 2001, que terminaron con la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.