Caso: Mariana Lima Buendía, 70 años de cárcel a su feminicida
A 13 años de cometido el feminicidio de Mariana Lima Buendía, el Poder Judicial del Estado de México notificó la sentencia condenatoria de 70 años de prisión para Julio César Hernández Ballinas, esposo de la víctima.
El caso de Mariana Lima cambió la procuración de justicia en México, particularmente en el Estado de México, entidad con el mayor número de presuntos feminicidios en el país, con 138 casos registrados en 2022, según datos de las dependencias mexiquenses.
Cuando Mariana fue asesinada los feminicidios no se sancionaban como delito, su caso fue clasificado como suicidio y archivado como tal. Sin embargo, la familia, encabezada por su madre, Irinea Buendía, exigió por diversos medios retomar la investigación.
En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a Irinea Buendía y ordenó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, hoy Fiscalía General, reabrir el caso y aplicar la perspectiva de género para investigar un presunto feminicidio. La fiscal que llevó el caso fue Brenda Celina Bazán, hoy fiscal de feminicidios de Ciudad de México.
Tras la reconstrucción del caso, que incluyó todo tipo de detalles y la exhumación del cuerpo de Mariana, el agresor fue detenido en 2016, pero durante 6 años la defensa interpuso una serie de recursos legales para retrasar el proceso.
Finalmente, Julio César Hernández Ballinas fue condenado a 70 años de cárcel, a reparar el daño y a reconocer a todos los integrantes de la familia como víctimas.
El precedente de la justicia para víctimas
Mariana Lima Buendía tenía 29 años cuando fue asesinada por su esposo el 28 de junio de 2010. Él era comandante de la Policía Judicial del municipio mexiquense de Chimalhuacán.
Un día antes del feminicidio, Mariana le había confiado a su madre que su marido la violentaba de diversas maneras, por lo que ésta no le creyó Julio César cuando le dijo que su hija se había suicidado.
La lucha de la familia de Mariana estuvo marcada no solo por la injusticia y la ceguera voluntaria o no, de las autoridades, sino por fuertes agresiones y ataques a su integridad, para que cejaran en la exigencia de justicia.
La familia tuvo que abandonar su casa y pedir medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Cuando los Lima Buendía lograron que la SCJN ordenara reabrir el caso, se marcó un antecedente en beneficio de todas las víctimas, pues a partir de entonces se obligó a las autoridades a investigar todaslas muertes violentas de mujeres como feminicidios, a hacerlo con perspectiva de género de acuerdo con los estándares internacionales, a recolectar evidencias para determinar el contexto de violencia, además de juzgar la responsabilidad del Estado al re victimizar y discriminar un caso.
Cada intento por silenciar a la familia en su exigencia, avivó la lucha que hoy ganó para que Mariana, por fin, descanse en paz.
