Escuelas militarizadas no están permitidas por la ley: SEP
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que realizará una revisión a nivel nacional de los planteles que operan bajo el esquema de “escuelas militarizadas”, tras el caso de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que falleció durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, hecho que puso bajo la lupa este tipo de instituciones.
El titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que la legislación mexicana no contempla la educación militarizada como una modalidad autorizada y aseguró que ni la dependencia federal ni la Secretaría de la Defensa Nacional respaldan este modelo educativo.
“Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades. De conformidad con la Constitución y con la Ley General de Educación, en ningún momento está autorizado este tipo de educación militarizada”, declaró el funcionario.
Como parte de las acciones, la SEP informó que desde el viernes pasado envió un oficio a las autoridades responsables de otorgar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y demás permisos educativos para recordar que este esquema no tiene sustento en el marco jurídico vigente.
Además, en coordinación con las autoridades educativas estatales, la dependencia llevará a cabo inspecciones en todo el país para verificar que no existan instituciones que ofrezcan este tipo de formación bajo denominaciones o esquemas irregulares.
El anuncio ocurre mientras continúan las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas. La Fiscalía estatal investiga el caso como feminicidio y obtuvo prisión preventiva justificada contra Jorge Luis “N”, director de la academia, y Estrella “N”, instructora responsable del área femenil. Asimismo, estaba prevista la audiencia de Dana Yanina “N”, excolaboradora del plantel, detenida la semana pasada tras acudir voluntariamente a declarar.
Mario Delgado señaló que la SEP buscó establecer contacto con la familia de la menor para brindar acompañamiento institucional; sin embargo, indicó que los familiares rechazaron el acercamiento por recomendación de sus representantes legales.
El caso ha reavivado el debate sobre la supervisión de los planteles privados que ofrecen formación con disciplina militar y evidenció posibles fallas en los mecanismos de vigilancia por parte de las autoridades educativas. La revisión nacional buscará identificar cuántas instituciones operan bajo este modelo y determinar si cuentan con autorizaciones que deban ser revocadas.
