Juez federal ordena demoler edificio en Tulum construido sin permisos y que pone en riesgo anidación de tortugas
En un fallo sin precedentes, un juez federal de Quintana Roo ordenó la demolición completa del edificio Maiim, construido sin permisos de impacto ambiental en la costa de Tulum, donde se comercializaban departamentos millonarios en una zona crítica para la anidación de tortugas marinas.
La decisión se logró mediante una sentencia de amparo ganada por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que demandó a autoridades federales y locales por permitir la construcción del desarrollo inmobiliario en bahía Solimán, a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Tulum.
El edificio se encuentra aledaño al Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, área natural protegida de jurisdicción estatal donde especies marinas llegan a desovar durante esta época del año.
A pesar de su ubicación sensible, Maiim obtuvo licencias municipales expedidas por el gobierno de Tulum, que preside el morenista Diego Castañón Trejo, además de permisos estatales señalados como irregulares emitidos por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).
En Quintana Roo es frecuente que desarrolladores inicien construcciones antes de obtener permisos definitivos de impacto ambiental, aprovechando el atractivo turístico de Cancún y la Riviera Maya.
DMAS, la misma organización que en 2022 obtuvo suspensiones contra el tramo 5 del Tren Maya, inició en agosto del año pasado el juicio de amparo contra estos actos que pusieron en riesgo a las tortugas marinas.
Pese a los procesos legales en curso, agentes inmobiliarios continuaron promocionando Maiim en internet como un desarrollo de lujo de cinco niveles frente al mar, con departamentos que costaban desde 16 millones de pesos.
Durante el proceso judicial también intervino la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con una clausura que el promovente no acató.
Tras casi un año de juicio, el Juzgado Quinto de Distrito emitió la sentencia a favor de DMAS, que obliga a las autoridades federales y locales a no entregar ningún tipo de permisos a la empresa constructora.
La resolución establece que se deberá restaurar el sitio en su estado original, es decir, demoler completamente el edificio, que ya se encuentra prácticamente concluido y con algunos departamentos vendidos.
El promovente del desarrollo es la sociedad mercantil Promotora de Incentivos México, que aún puede impugnar la sentencia mediante un recurso de revisión.
Precedente para la defensa ambiental
«Esta es la sentencia que celebramos, es la sentencia que queremos que se replique, los quintanarroenses han confiado en sus municipios en que, cuando se da una licencia, se cumple con todo, y nos estamos dando cuenta que no», expuso Antonella Vázquez Cavedon, abogada fundadora de DMAS.
La activista agregó que «hoy en día todo Quintana Roo está sufriendo por grandes proyectos que no sirven para nada, no cumplen con la ley».
Otros casos similares
DMAS actualmente lucha contra otro desarrollo similar ubicado en la misma zona, denominado Adamar Solimán, que se ha negado a acatar clausuras de Profepa y suspensiones de juicios de amparo.
La sentencia representa un precedente significativo para la defensa de los ecosistemas costeros en Quintana Roo, estado donde el desarrollo inmobiliario descontrolado ha generado graves afectaciones ambientales en los últimos años.
