Proponen hasta 25 años de prisión a quien cometa despojo en el Edomex
Ante el incremento de denuncias por despojo de inmuebles en el Estado de México, el Congreso local analiza diversas propuestas legislativas para fortalecer el marco jurídico y garantizar la protección del patrimonio de las familias mexiquenses. En comisiones, diputadas, diputade y diputados de diferentes bancadas coincidieron en la urgencia de atender este problema con reformas que permitan sancionar de manera más severa a quienes cometan este delito.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, señaló que ya se trabaja en iniciativas para fortalecer los mecanismos legales de defensa de la propiedad. Afirmó que, si bien el delito de despojo ya está tipificado en el Código Penal estatal —con penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa—, la creciente incidencia obliga a revisar el marco legal. Incluso, adelantó que este tema podría ser abordado en un periodo extraordinario de sesiones debido a que existe consenso entre las principales fuerzas políticas.
Entre las propuestas en análisis destaca la del diputado Octavio Martínez Vargas (morena), quien plantea considerar el despojo como delito grave y elevar las penas de cinco a diez años de prisión cuando se cometa con violencia, engaños, intimidación, uso ilegítimo de la fuerza pública o contra adultos mayores. También propone agilizar los procesos judiciales para restituir la posesión a la víctima cuando se acredite la propiedad del inmueble.
Por su parte, el legislador morenista José Miguel Gutiérrez Morales propuso castigar este delito con hasta 17 años de cárcel y multas de hasta 678 mil pesos para los autores intelectuales o quienes lideren invasiones. Su iniciativa también busca ampliar los supuestos jurídicos del delito, incluyendo el uso indebido de aguas y actos que lesionen derechos sobre recursos hídricos.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Ruth Salinas Reyes planteó sanciones de hasta 25 años de prisión y 500 días multa cuando el despojo afecte a personas en situación de vulnerabilidad o involucre viviendas y terrenos agrícolas. Asimismo, sugiere castigos a servidores públicos que instiguen u ordenen la ocupación ilegal de inmuebles, así como en casos donde se afecten áreas naturales protegidas.
En cuanto a medidas preventivas, la legisladora Lilia Urbina Salazar (PRI) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad estatal a coordinar una estrategia interinstitucional que involucre a la federación, municipios, Fiscalía General de Justicia y Poder Judicial, con acciones como operativos, campañas informativas, capacitación policial y la creación de una unidad especializada en este delito.
Las y los legisladores reconocieron la necesidad de actuar con celeridad para frenar este fenómeno que vulnera los derechos patrimoniales de cientos de familias en el Estado de México.
