Diputados aprueban ley que busca facilitar la obtención y uso de armas para legítima defensa
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que endurecen las penas contra el tráfico de armamento y autorizan la portación en áreas estratégicas del gobierno. El dictamen, que modifica 59 artículos de la ley, fue aprobado con 476 votos a favor, cero en contra y solo dos abstenciones, y fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
La reforma, que tiene origen en una iniciativa presentada el 18 de septiembre de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente actualizada con propuestas del diputado César Israel Damián Retes (PAN) y del Congreso de Michoacán, establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la única encargada del control de todas las armas en el país.
Entre los puntos más destacados de la reforma se encuentra el endurecimiento de penas, que establece hasta 30 años de prisión y multas de 250 a 2,000 veces el valor diario de la UMA para quienes trafiquen armas desde el extranjero. Además, contempla penas de hasta ocho años de cárcel por el uso ilegal de armas.
La nueva legislación autoriza «el uso de armas en áreas estratégicas y de seguridad pública», permitiendo que personal de empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos como Pemex, CFE, Banxico, Casa de Moneda, CNI y SAT puedan portar armas de fuego para funciones de seguridad.
Otro punto relevante es que se abre la posibilidad para que ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo puedan poseer en su domicilio un rifle calibre .22 o una escopeta de cualquier calibre. Asimismo, plantea la posesión de armas de fuego autorizadas por la Sedena en el domicilio de los ciudadanos para «su seguridad y legítima defensa de sus moradores».
En cuanto al personal militar, la reforma establece que los militares con jerarquía de generales, jefes y oficiales o sus equivalentes en la Fuerza Armada Permanente pueden poseer y portar armas con la sola acreditación de su personalidad militar vigente, aunque prohíbe expresamente que porten armas de su propiedad cuando presten servicios a particulares sin la autorización correspondiente.
La reforma también contempla que los tres niveles de gobierno deberán realizar campañas educativas de información sobre materiales explosivos, artificios pirotécnicos y sustancias químicas relacionadas, así como los riesgos en su manipulación.
Durante la votación, todos los grupos parlamentarios reconocieron los beneficios de la reforma, destacando el «fortalecimiento del control sobre la posesión de armas», «el derecho a la legítima defensa dentro del ámbito doméstico» y la implementación de «medidas eficaces para combatir las correas del crimen organizado».
