Tribunal de Seúl aprueba solicitud de orden de detención contra el presidente surcoreano Yoon Suj-yeol
Un tribunal de Seúl aprobó la solicitud de arresto contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, por su declaración de ley marcial el pasado 3 de diciembre, marcando un hecho sin precedentes en la historia democrática del país. Yoon, destituido temporalmente por el Parlamento el 14 de diciembre, enfrenta acusaciones de insurrección, abuso de poder y obstrucción legislativa.
El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl autorizó la detención del mandatario tras señalar que ignoró tres citaciones para ser interrogado por la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO). La orden judicial otorga al equipo investigador un plazo de 48 horas para ejecutar la detención y llevar a cabo el interrogatorio.
Pese a la orden emitida, el Servicio de Seguridad Presidencial ha bloqueado los intentos de los investigadores de ingresar al complejo de la oficina presidencial y la residencia oficial de Yoon. Aunque el mandatario cuenta con inmunidad frente a procesamiento penal, esta no aplica en casos de insurrección o traición, lo que ha permitido que el caso siga avanzando legalmente.
Yoon Suk-yeol enfrenta acusaciones de liderar una insurrección y abusar de su cargo al declarar la ley marcial en un intento por evitar que el Parlamento, controlado por la oposición, votara en contra de su decisión. Según las investigaciones, Yoon habría ordenado al ejército intervenir para bloquear la sesión parlamentaria. Sin embargo, la negativa de mandos militares intermedios y la presión política obligaron al mandatario a rescindir la medida pocas horas después de decretarla.
El presidente ha defendido sus acciones calificándolas como un “acto de gobernanza” destinado a frenar lo que describió como un abuso del poder legislativo y un supuesto respaldo al régimen de Corea del Norte. No obstante, críticos señalan que su decisión erosionó las bases democráticas del país y escaló la tensión política interna.
El Parlamento destituyó a Yoon el 14 de diciembre, dejándolo momentáneamente fuera de sus funciones. Su destino político está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá decidir antes de junio si restituye sus competencias o lo destituye de forma definitiva.
Mientras tanto, el caso ha polarizado aún más a una nación que enfrenta desafíos tanto internos como externos, y plantea preguntas sobre los límites del poder presidencial en un sistema democrático.
Este episodio marca un punto crítico en la política surcoreana, evidenciando las tensiones entre los diferentes poderes del Estado y el escrutinio al que están sometidos incluso los líderes más altos del país.
