Operación Atarraya: Fuerzas federales y estatales aseguran 288 bares y chelerías en el Estado de México
Con un fuerte despliegue de elementos de seguridad, la segunda fase de la Operación Atarraya culminó con la clausura de 288 bares y chelerías en 47 municipios del Estado de México. Esta fase se suma a los 217 establecimientos clausurados en la primera etapa, alcanzando un total de 505 lugares intervenidos en 51 municipios.
El operativo, realizado el 10 y 11 de enero, tuvo como objetivo principal desarticular actividades ilícitas como narcomenudeo, trata de personas, extorsión y otras prácticas vinculadas a grupos criminales que operan en estos establecimientos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detalló que, durante esta fase, se aseguraron 29 inmuebles mediante cateos autorizados, mientras que el resto de los establecimientos fue intervenido tras inspecciones conjuntas con diversas autoridades.
Entre los resultados obtenidos destaca la incautación de dosis de narcóticos, armas de fuego y otros objetos relacionados con actividades delictivas. Además, 10 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones pertinentes.
Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chalco, Toluca y Valle de Bravo fueron algunos de los puntos clave donde se desarrolló el operativo. En estas acciones participaron elementos de la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal, la Guardia Nacional, la Sedena y la Semar, quienes trabajaron de manera coordinada para enfrentar los delitos de alto impacto en la región.
Las autoridades informaron que los establecimientos clausurados permanecerán cerrados mientras se realizan las diligencias correspondientes. En caso de detectar la violación de los sellos de clausura, se iniciarán nuevas investigaciones.
Operación Atarraya, anunciada en diciembre de 2024, es parte de una estrategia integral de seguridad con el objetivo de desmantelar redes delictivas y proporcionar mayor seguridad a la población. Además, se investiga la posible participación de servidores públicos en estos actos ilícitos relacionados con los establecimientos intervenidos.
