Edomex busca aumentar penas por acoso sexual así como hasta 6 años de prisión a servidores públicos que nieguen atención a victimas
En una acción para fortalecer la justicia y combatir la impunidad, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió al Congreso del Estado de México una iniciativa de reforma al Código Penal que sanciona el acoso sexual desde la primera denuncia y endurece las penas para los reincidentes.
La propuesta se presenta en el marco del Plan Integral contra el Abuso Sexual impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es garantizar la atención, protección y justicia a las víctimas, mediante acciones de homologación del abuso sexual como delito grave, capacitación institucional, campañas de concientización y promoción de la denuncia.
La reforma elimina la condición de reincidencia que hasta ahora limitaba la aplicación de sanciones, de modo que cualquier acto de acoso sexual podrá ser castigado desde la primera vez, sin necesidad de que se repita la conducta.
Esta modificación aplica en cualquier lugar público o medio de transporte, incluyendo instalaciones y vehículos destinados al transporte público de pasajeros, reforzando la protección de las personas usuarias frente a situaciones de abuso.
Con este cambio, el Gobierno del Estado de México busca marcar un precedente en la lucha contra la violencia sexual, al reconocer que ningún acto de acoso debe quedar impune.
La iniciativa también contempla agravantes cuando el acoso se cometa aprovechando una situación de vulnerabilidad, desventaja o riesgo para la víctima, lo que incrementará las penas hasta en una mitad.
De manera inédita, el decreto crea un nuevo tipo penal que sanciona a servidores públicos —como ministerios públicos, policías o funcionarios administrativos— que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a las víctimas.
Estos servidores podrían enfrentar penas de dos a seis años de prisión, además de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual al de la condena.
El decreto ordena que toda interpretación y aplicación del delito incorpore la perspectiva de género y considere los contextos de vulnerabilidad de las víctimas, garantizando así un acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos humanos.
Con esta iniciativa, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez refuerza su compromiso con la seguridad, la igualdad y la justicia, impulsando un Estado de México libre de violencia, donde todas las personas puedan vivir con respeto, protección y dignidad.
