Congreso mexiquense endurece penas por abuso y hostigamiento sexual
El Congreso del Estado de México aprobó una serie de reformas al Código Penal para fortalecer la protección de mujeres, niñas y personas vulnerables frente a delitos sexuales. Las modificaciones elevan las penas por abuso sexual, que ahora pueden llegar hasta 20 años de prisión, y por hostigamiento sexual, con sanciones que alcanzan hasta nueve años. Ambos delitos se perseguirán de oficio.
La diputada Zaira Cedillo Silva, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, reconoció el impulso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para homologar sanciones en todas las entidades federativas.
Afirmó que el Congreso mexiquense envía un mensaje firme:
“El acoso y el abuso sexual no son normales; son violencias que deben erradicarse y castigarse desde la primera manifestación”.
Las reformas redefinen el abuso sexual como cualquier acto sexual realizado sin consentimiento, independientemente del espacio donde ocurra. Las penas aumentan en casos donde la víctima sea menor de edad, exista relación de confianza o autoridad, haya violencia, participen varias personas o la víctima esté imposibilitada para defenderse.
Las sanciones también incluyen multas de hasta mil UMA (113 mil 140 pesos), pérdida de tutela cuando la agresión involucra menores, e inhabilitación para servidores públicos o profesionales que utilicen su posición para cometer el delito.
En cuanto al hostigamiento sexual, se considerará delito cualquier conducta sexual no deseada ejercida desde una posición jerárquica superior. Las penas van desde dos hasta seis años de prisión y aumentan cuando se trate de personal educativo o funcionarios públicos.
Además, quienes cometan estos delitos deberán participar en talleres reeducativos y cumplir medidas orientadas a prevenir la reincidencia. La víctima, por su parte, tendrá derecho a reparación integral del daño, con apoyo psicológico hasta su recuperación total.
La reforma también prevé sanciones de hasta seis años de prisión para servidores públicos que impidan o desalienten la denuncia de víctimas.
Este paquete legislativo marca un avance significativo en el combate a la violencia sexual en el Estado de México.
