Caso Marianne “N” reaviva debate de aplicar a nivel nacional la “Ley Mya” que busca castigos mas severos a menores que cometan delitos graves
El caso de Marianne «N», la joven influencer de 17 años que fue detenida el pasado 5 de febrero tras apuñalar a Valentina Gilabert, novia de su expareja, ha reavivado el debate sobre la aplicación de penas más severas para menores de edad que cometen delitos graves. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la imputó por lesiones calificadas, lo que generó indignación en redes sociales, donde usuarios exigen la implementación de la llamada «Ley Mya» a nivel nacional.
El Caso Mya y el Origen de la Ley
La «Ley Mya» surgió tras el intento de feminicidio de Mya en octubre de 2022. Su expareja, Erick, de 17 años en ese momento, la atacó con 47 puñaladas y luego la abandonó en un terreno baldío. A pesar de la brutalidad del ataque, la clasificación inicial del delito permitió que Erick siguiera su proceso en libertad, incumpliendo medidas restrictivas y evadiendo la justicia hasta que fue recapturado.
El caso generó gran presión social y llevó a que, en marzo de 2023, el Congreso de Chihuahua aprobara la «Ley Mya», con el objetivo de imponer sanciones más severas a menores de edad que cometan delitos como tentativa de homicidio y feminicidio. Entre sus principales puntos destaca la aplicación de prisión preventiva a adolescentes acusados de crímenes graves y la modificación del artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Exigen su Aplicación a Nivel Nacional
A raíz del caso de Marianne «N», diversas voces han exigido que la «Ley Mya» sea aprobada a nivel federal para evitar que menores que cometan delitos violentos eludan castigos proporcionales a la gravedad de sus actos. Aunque la iniciativa fue presentada en el Congreso de la Unión en 2023, hasta la fecha sigue en revisión y no ha sido discutida formalmente.
El debate en torno a la responsabilidad penal de los adolescentes continúa. Mientras algunos argumentan que es necesario endurecer las sanciones para garantizar justicia a las víctimas, otros advierten que los menores deben recibir un tratamiento diferenciado y medidas de reinserción. Sin embargo, casos como el de Marianne «N» refuerzan la exigencia social de reformar el sistema legal y garantizar que crímenes graves sean castigados con mayor severidad, sin importar la edad del agresor.
