Detienen en el Edomex a banda familiar dedicada a la extorsión
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvo a cinco personas señaladas por su probable participación en el delito de extorsión, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Los detenidos fueron identificados como Luis «N», su esposa Liliana «N», sus hijos Luis Samuel «N» y Aimee de Guadalupe «N», así como Agustín Arturo «N», identificado como escolta del grupo. De acuerdo con las autoridades, están relacionados con investigaciones por suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno del Estado de México, entre otras dependencias, con el objetivo de obtener beneficios económicos o laborales.
Luis «N» se desempeñó como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013, además de haber ocupado otros cargos en la administración pública en distintos órdenes de gobierno, lo que le permitió conocer estructuras político-administrativas de Michoacán, de otras entidades y del gobierno federal. Cuenta con antecedentes penales por peculado y fue inhabilitado en el estado de Michoacán, situación que, de acuerdo con la investigación, no le impidió presuntamente operar un esquema de fraude y extorsión junto con su familia.
El grupo estableció su centro de operaciones en una residencia ubicada dentro del fraccionamiento «La Providencia», en el municipio de Metepec, Estado de México.
Según la investigación de la FGJEM, el modus operandi del grupo consistía en generar credibilidad ante sus víctimas —políticos, funcionarios públicos y empresarios— mediante mensajes de texto o llamadas a sus números telefónicos personales, obtenidos previamente a través de la red de relaciones personales que Luis «N» construyó durante sus años en el servicio público.
Durante el contacto con las víctimas, el grupo obtenía información sensible, como datos personales confidenciales, de las dependencias a su cargo o de otros funcionarios, así como datos relacionados con la operación política o económica de sus víctimas, los cuales posteriormente utilizaban para suplantar su identidad y llevar a cabo las actividades extorsivas.
