Congreso del Edomex busca flexibilizar límite al gasto para contratar policías y personal de salud
Las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron una iniciativa para modificar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con el objetivo de permitir que estados y municipios puedan ampliar la contratación de personal destinado a funciones de seguridad pública y servicios de salud.
La propuesta, presentada por el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, de Morena, plantea exceptuar de los límites establecidos para el crecimiento del gasto en servicios personales aquellos recursos que sean indispensables para cumplir obligaciones constitucionales en materia de seguridad y salud.
El planteamiento incluye específicamente la contratación de policías, médicos, personal de enfermería, paramédicos y otros trabajadores que participen directamente en la prestación de servicios de salud o en funciones sustantivas de seguridad pública.
La iniciativa todavía no modifica la legislación. Para avanzar tendría que ser aprobada por el Pleno del Congreso mexiquense y, posteriormente, enviada al Congreso de la Unión, debido a que propone reformar una ley de carácter federal.
La Ley de Disciplina Financiera establece actualmente un tope para el crecimiento anual de los recursos destinados a servicios personales en los presupuestos estatales y municipales.
La asignación global aprobada para este concepto no puede superar el monto del ejercicio anterior actualizado con una tasa equivalente al menor valor entre 3 por ciento de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB).
Cuando el PIB registra una variación real negativa para el ejercicio presupuestado, la legislación considera un crecimiento real de cero.
La normativa contempla actualmente una excepción para los recursos derivados de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.
La propuesta mexiquense busca incorporar nuevas excepciones para aquellos gastos de personal que resulten estrictamente necesarios para garantizar servicios de seguridad y salud, así como para implementar nuevas leyes federales o modificaciones a las existentes que generen nuevas obligaciones para los gobiernos estatales y municipales.
El proyecto establece que los recursos destinados a estas nuevas excepciones deberán identificarse y reportarse de manera diferenciada tanto en los presupuestos de egresos como en las cuentas públicas.
Además, la propuesta contempla que las excepciones se limiten al personal que participe directamente en las funciones sustantivas de seguridad pública o en la prestación de servicios de salud.
Para hacer operativa esta diferenciación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Consejo Nacional de Armonización Contable, tendría que realizar las adecuaciones correspondientes a los clasificadores y lineamientos aplicables.
El plazo planteado para realizar estos ajustes sería de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la eventual reforma.
Durante la discusión, el diputado Osvaldo Cortés Contreras, quien presidió la reunión, sostuvo que los límites actuales pueden dificultar que los municipios respondan a sus necesidades de personal, particularmente en áreas como seguridad.
El legislador consideró que la propuesta permitiría fortalecer las capacidades presupuestales, de contratación y capacitación de los gobiernos municipales sin eliminar los mecanismos de disciplina financiera.
Por su parte, la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez señaló que la iniciativa no pretende abrir la posibilidad de incrementar de manera indiscriminada las estructuras administrativas.
La legisladora argumentó que existen áreas en las que la contratación de personal resulta indispensable para que los servicios públicos puedan operar, particularmente seguridad y salud.
En tanto, la diputada Araceli Casasola Salazar, del PRD, sostuvo que la propuesta busca encontrar un punto de equilibrio entre el control del gasto y las necesidades de personal encargado de atender servicios esenciales.
Los legisladores coincidieron en que el propósito de la reforma no sería eliminar la disciplina financiera, sino establecer excepciones específicas para gastos considerados indispensables.
Con la aprobación en comisiones, la iniciativa queda pendiente de ser sometida a consideración del Pleno de la Legislatura mexiquense.
En caso de obtener los votos necesarios, el proyecto será remitido al Congreso de la Unión para que sea analizado dentro del proceso legislativo federal.
De aprobarse eventualmente la modificación, los estados y municipios contarían con un margen específico para contratar personal de seguridad y salud sin que esos recursos queden sujetos al límite general de crecimiento del gasto en servicios personales, siempre bajo los criterios de identificación, reporte y comprobación que establezca la legislación.
