INE solicita a la Auditoría Superior de la Federación auditar sus contrataciones de 2016 a 2026
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026, luego de los cuestionamientos relacionados con las contrataciones institucionales.
La decisión fue aprobada por el Consejo General del organismo, que también estableció una serie de acciones para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
Entre las medidas se encuentra la elaboración de un inventario institucional de adquisiciones, la revisión del padrón de proveedores y la conservación inmediata de documentos físicos y electrónicos relacionados con los procedimientos de contratación.
El acuerdo contempla además la creación de un mecanismo para recibir información sobre posibles hallazgos, así como la colaboración con otras autoridades para proporcionar los datos que soliciten dentro de sus atribuciones.
La revisión abarcará también las contrataciones vinculadas con el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027, por lo que el Instituto deberá establecer mecanismos de seguimiento específicos para estos procedimientos.
El INE precisó que será exclusivamente la ASF la instancia encargada de definir el alcance de la auditoría, las muestras, los procedimientos y las modalidades de fiscalización que considere pertinentes.
INE busca garantizar continuidad de sus operaciones
Además de las acciones de fiscalización, el Consejo General aprobó la elaboración de un Plan de Acción Crítico para garantizar que las contrataciones indispensables continúen y no se afecten las actividades ordinarias del Instituto ni la organización del proceso electoral en curso.
El organismo también estableció que cualquier posible irregularidad o responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Consejerías piden mayor vigilancia y menos adjudicaciones directas
Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey Jordan sostuvo que la revisión de los contratos debe ser exhaustiva y permitir que la ciudadanía conozca con claridad cómo se ejercieron los recursos públicos.
“Que no quede nada sin revisar”, planteó al referirse a la fiscalización de las adquisiciones y los contratos del organismo.
Humphrey también consideró necesario modificar prácticas administrativas y fortalecer los procesos competitivos de contratación. En ese sentido, resumió su postura con la frase: “necesitamos más licitaciones y menos adjudicaciones directas”.
Por su parte, el consejero Arturo Castillo Loza calificó la situación como “la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución” y respaldó las medidas extraordinarias para reforzar los controles internos y la intervención de la ASF.
Castillo también planteó la necesidad de implementar mecanismos para detectar posibles riesgos de corrupción y presentar las denuncias que correspondan. Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que valore las diligencias necesarias y la eventual aplicación de las disposiciones del artículo 19 constitucional relacionadas con delitos de corrupción.
Con estas decisiones, el INE busca facilitar la revisión de sus procedimientos de contratación y fortalecer sus mecanismos de control, mientras las autoridades fiscalizadoras determinan si existen elementos para establecer posibles irregularidades o responsabilidades.
