Senado aprueba reforma que restringe la doble nacionalidad para ocupar cargos en los poderes ejecutivos

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer nuevos requisitos de nacionalidad a quienes busquen ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo en México.

Con mayoría calificada, los senadores avalaron que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de ser mexicanos por nacimiento, no tengan ni adquieran otra nacionalidad al momento de solicitar su registro como candidatos.

En caso de contar con una nacionalidad extranjera, la propuesta establece que deberán renunciar a ella previamente y cumplir con las condiciones que determine la legislación electoral.

La reforma también contempla que esta condición abarque el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y el acogimiento a la protección diplomática de otro país.

Morena defiende la medida como requisito de soberanía

Durante la discusión, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostuvo que la modificación no pretende cuestionar la identidad ni el patriotismo de los mexicanos que poseen una segunda nacionalidad.

Explicó que el cambio se concentra exclusivamente en quienes aspiren a ocupar responsabilidades consideradas estratégicas para el Estado mexicano, particularmente la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En el caso de la Presidencia, argumentó, se trata de un cargo con atribuciones en materia de seguridad nacional, política exterior y representación del Estado mexicano.

Desde la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Saúl Monreal Ávila defendió la reforma bajo el argumento de que busca establecer condiciones de elegibilidad relacionadas con la soberanía nacional.

La senadora del Partido Verde, Rocío Corona Nakamura, también respaldó el planteamiento y sostuvo que quienes aspiren a estos cargos deben asumir una posición definida respecto a su nacionalidad y lealtad al país.

Durante el debate, el senador morenista Óscar Cantón recurrió a una referencia bíblica para defender la propuesta y cuestionó las críticas de la oposición sobre la exigencia de nuevos requisitos para quienes pretendan ocupar cargos públicos.

Oposición cuestiona alcance de la reforma

El PRI anunció que votaría en contra. Su coordinador, Alejandro Moreno, sostuvo que contar con una segunda nacionalidad no convierte a un mexicano en enemigo de México y cuestionó que la lealtad a un país pueda determinarse a partir de un documento.

Moreno también criticó que se cuestione a los mexicanos con doble nacionalidad mientras, desde su perspectiva, existen otros casos en los que ciudadanos vinculados con gobiernos extranjeros pueden participar en la vida política.

Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que la Constitución ya contempla disposiciones relacionadas con la nacionalidad en el artículo 32.

El senador advirtió además que obligar a una persona a renunciar a una nacionalidad extranjera podría hacer depender su registro electoral de procedimientos realizados ante otro Estado, con costos y tiempos que no necesariamente estarían bajo control de las autoridades mexicanas.

Colosio sostuvo que el debate sobre la injerencia extranjera debería considerar también otros fenómenos que, según afirmó, afectan los procesos políticos del país, entre ellos el financiamiento del crimen organizado a campañas y las amenazas contra candidatos.

PAN y PRI advierten afectaciones para mexicanos en el extranjero

La senadora panista Laura Esquivel cuestionó que la reforma pueda limitar los derechos políticos de mexicanos que viven fuera del país y señaló que los migrantes no deberían ser tratados como ciudadanos de segunda categoría.

Su postura fue compartida por la senadora priista Claudia Anaya, quien calificó la modificación como una restricción a los derechos de la comunidad mexicana en el extranjero.

Las críticas se centran particularmente en que millones de mexicanos cuentan con doble nacionalidad debido a su lugar de nacimiento, vínculos familiares o procesos de naturalización, una situación que no implica necesariamente una renuncia a su ciudadanía mexicana.

El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, también cuestionó la reforma y la calificó de “discriminatoria”.

Rubin afirmó que la medida podría afectar a alrededor de 15 millones de mexicanos con doble nacionalidad, a quienes, desde su perspectiva, colocaría en una condición diferenciada frente al resto de los ciudadanos.

El empresario pidió a los legisladores reconsiderar la modificación y sostuvo que la medida no beneficiaría al país y podría vulnerar derechos de ciudadanos mexicanos.

La aprobación del Senado no significa todavía que el nuevo requisito forme parte de la Constitución.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Si también obtiene la aprobación correspondiente, tendrá que ser enviado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para cumplir con el procedimiento establecido para modificar la Constitución.